En el contexto de las sucesivas crisis mundiales, la educación superior necesita “más que nunca” un enfoque basado en los derechos. La afirmación se dijo en la conferencia internacional celebrada para conmemorar el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior (WAHED).
El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) con apoyo de la University World News, organizaron una conferencia educativa, el pasado 16 de noviembre de 2022, para discutir la importancia del acceso equitativo a la educación y el éxito en el mundo.
El evento titulado «Equidad en la Educación Superior: Construyendo la base mundial de conocimientos», contó con panelistas que debatieron sobre la importancia del acceso equitativo y los enfoques basados en los derechos». El Dr. Abdoulaye Salifou, jefe de la Sección de Educación de la UNESCO en Addis Abeba (Etiopía), citó la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 26), que establece que la educación equitativa de calidad y las oportunidades a lo largo de toda la vida son derechos para todos.
El Dr. Abdoulaye Salifou afirmó que en África el Banco Mundial ha puesto históricamente el acento en la educación primaria y secundaria y no ha prestado la misma atención y financiación a la educación superior. Además, indicó que un enfoque basado en los derechos permitiría dar mayor importancia a la educación superior. “Tenemos que reconocer el potencial de todos, reducir la desigualdad y ser inclusivos”, dijo.
Elizabeth Bernal Gamboa, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, también comentó que cuando adoptamos un enfoque basado en los derechos nos vemos obligados a pensar de forma diferente.
El COVID-19, tomándolo de ejemplo, afectó a los estudiantes en la educación de diferentes maneras, ya que algunos se conectaron para seguir con sus clases, mientras que otros se vieron obligados a abandonarlo por falta de recursos. “No hay que centrarse solamente en las cuestiones de acceso”, argumentó, “sino en la retención y el éxito académico”.
“La educación superior ofrece oportunidades para que las personas adquieran competencias y contribuyan positivamente a la economía y a la comunidad”, afirmó Mirriam Chiyaba, directora general de la Autoridad de Cualificaciones de Zambia. “Si no adoptamos un enfoque basado en los derechos, negamos la contribución de las personas a la sociedad”.
La Dra. Rosana Heringer, profesora asociada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y miembro de la junta directiva de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE-Brasil), explicó que la pandemia había exacerbado las desigualdades en el acceso a la educación superior, y que la falta de inversión gubernamental significaba que los estudiantes de bajos ingresos y las minorías tenían ahora menos posibilidades de disfrutar de estas oportunidades. “En México también hemos perdido muchos fondos gubernamentales”, dijo Jhasua Medina, vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara.
“Nuestra universidad tiene una alta matrícula y es una de las mejores del país, pero los estudiantes tienen que hacer campañas periódicas para solucionar las desigualdades básicas, como la forma de llevar a la gente a las escuelas”, dijo. “Hay mucha demanda de educación superior en México, pero si queremos que todos tengan acceso, necesitamos financiación”.
“El acceso es una parte fundamental del rompecabezas, pero el éxito académico y la formación postuniversitaria también forman parte de un enfoque basado en los derechos”, añadió la Dra. Emma Sabzalieva, jefa de investigación y prospectiva del IESALC de la UNESCO, que moderó el evento.
En la conferencia se dijo que en Brasil el 75% de la oferta de educación superior la imparte el sector privado, frente a un 50% en países como Colombia y Chile. El sistema de acreditación del sector privado suele estar orientado a los estudiantes de “alta calidad”, pero las instituciones también deben demostrar que están plenamente comprometidas con la igualdad.
Para ello, es necesario desarrollar herramientas de medición, aunque en algunos países es difícil recoger estos datos. “En América Latina, muchas personas son migrantes, víctimas de la violencia de género o de conflictos armados, y el sector privado tiene que ayudarnos a desarrollar marcadores para medir el acceso de estos grupos”, dijo Bernal Gamboa.
Sin embargo, Chiyaba subrayó que se necesitan asociaciones sólidas con las instituciones educativas privadas para producir una situación en la que todos salgan ganando. “Los gobiernos tienen que crear un entorno propicio para que el sector privado prospere”, dijo.
“Nuestras universidades deben asumir una mayor responsabilidad para ampliar el acceso, ya que en la mayoría de nuestros países fueron diseñadas para la élite”, dijo Heringer. “El acceso a la educación superior debe considerarse un derecho, y no sólo un privilegio para unos pocos”, concluyó Chiyaba.
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