monográfico julio / agosto 2024

La falsa antinomia público-privado en la educación superior

El imprescindible rol de la iniciativa privada en el desarrollo regional

Por Rodolfo De Vincenzi, Presidente de REALCUP

Resumen / La matrícula universitaria en América Latina y el Caribe ha crecido notablemente desde el comienzo de este siglo, incorporando cerca de 17 millones de estudiantes en los últimos veinte años. En este crecimiento, el papel de los emprendedores privados ha sido fundamental, ya que el 55% de estos estudiantes asisten a instituciones privadas.

No obstante, la tasa de pobreza en la región es del 32.3% (CEPAL, 2022:7), lo que sugiere que el debate sobre la educación pública versus privada es contraproducente. Lo que se necesita con urgencia es una sinergia entre ambos sectores: mejorar y asegurar la sostenibilidad financiera de la oferta pública, al tiempo que se fomenta el emprendimiento privado en todos los niveles educativos. El lema de la UNESCO «No dejar a nadie atrás» en la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 requiere la colaboración de actores públicos y privados, el esfuerzo legislador y organizador del Estado y la iniciativa emprendedora de los ciudadanos.

Aunque se entiende que «la educación es un bien público y no una mercancía», no debe confundirse la naturaleza del bien «educación» con la naturaleza jurídica de las instituciones que la proveen. Este artículo propone analizar tres dimensiones que cuestionan la confrontación entre actores públicos y privados: la socio-económica (datos que deberían ocuparnos más a fondo), la legal (la naturaleza jurídica de las universidades y su rol en la educación como bien público) y la de gestión (gobernanza con sentido de empresa). Descargar versión en pdf

A falsa antinomia público-privado na educação superior / Versão portuguesa

Las universidades privadas han sido las mayores responsables de la inclusión. 55% de estudiantes asisten a ellas.

Por Rodolfo de Vincenzi / La reciente Declaración de marzo de 2024 en Brasilia de la Conferencia Regional de Educación Superior IESALC (CRES + 5) nos interpela sobre el rol de las instituciones privadas en el futuro de la educación superior. En un polémico párrafo señala: 



Se debe “luchar contra los procesos de privatización de los sistemas educativos en todos sus niveles, así como promover y garantizar regulaciones y controles que eviten la educación con fines de lucro” (IESALC, 2024)



Del análisis de esta afirmación se identifican cuanto menos dos consideraciones que ameritan su revisión y análisis:

1. Los actores privados serían perjudiciales para la evolución y mejora del sistema educativo latinoamericano, y como tales hay que combatirlos;
2. Si bien un alto porcentaje de las universidades privadas regionales funcionan sin fines de lucro, se ignora el rol del fin de lucro en el desarrollo de los emprendimientos más exitosos de nuestras sociedades capitalistas en todos los campos de conocimiento.

Esta antinomia carecería de sentido en los sistemas superiores anglosajones de élite mundial. Sería como si University of California Berkeley (pública) cuestionase el rol de Stanford University o de MIT (privadas). O como si U.S Department of Education cuestionase el rol de Google, Microsoft, Apple o Coursera en el desarrollo y promoción de la educación pública. Por el contrario, ambos tipos de organizaciones (públicas y privadas) colaboran de manera permanente tomando lo mejor de cada una de ellas, especialmente en el campo de la investigación, y el diseño de productos y servicios para sus estudiantes.



Este ensayo que presentamos en la web de REALCUP analiza con mayor profundidad el rol de nuestras instituciones privadas de educación superior. Como idea superadora, consideramos que debe fomentarse la iniciativa privada para promover una mayor diversificación de la oferta educativa, reconociendo la participación de empresas privadas en la financiación de la educación superior. Esto significa que organismos multilaterales como el citado y otros actores públicos deberían jerarquizar e impulsar la participación de la iniciativa privada en la educación superior. Las universidades privadas en Latinoamérica son gestionadas por emprendedores, creando valor en la sociedad del conocimiento.

El propio documento de CRES + 5 menciona una idea con la cual acordamos: “el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien público y un derecho social, universal y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el bien vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración solidaria latinoamericana y caribeña”. No obstante, consideramos un agravio comparativo la creación de cualquier antinomia con el sector privado de la educación superior, como si fuera un agente regresivo del sistema. En particular si tenemos en cuenta que las universidades privadas han sido las mayores responsables de la inclusión de población universitaria en el crecimiento del último cuarto de siglo en ALyC
.

Por supuesto, estamos de acuerdo con la afirmación de que ‘la educación es un bien público y no una mercancía’. Sin embargo, esto no debe llevarnos a confundir la naturaleza del bien ‘educación’, que es indudablemente pública, con la naturaleza jurídica de las instituciones que la proveen. En este sentido, apelamos a que este debate se realice según lo señalado en la declaración de la CRES +5: “El avance del dogma es la muerte de la posibilidad de la deliberación; y sin deliberación, no existe democracia.”

Tres dimensiones del debate

Contexto
socio-económico

Datos que deberían ocuparnos más a fondo

Volvamos al documento de CRES + 5. En la declaración destacan importantes desafíos como acceso y equidad, calidad educativa, financiamiento, internacionalización, innovación y tecnología, pertinencia y empleabilidad. En este contexto, existe un acuerdo generalizado sobre que las universidades deben actuar como agentes de cambio y transformación social, contribuyendo a la solución de problemas de pertinencia educativa y de desarrollo sostenible de la sociedad. Sabemos que hay una correlación directa entre el nivel educativo de la población y su capacidad para contribuir al desarrollo sostenible de las sociedades. UNESCO enfatiza la necesidad de «no dejar a nadie atrás» en este esfuerzo, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para esto se requiere de actores públicos y privados, del esfuerzo legislador y organizador del Estado, y de la iniciativa emprendedora de los ciudadanos.

Veamos cuatro indicadores clave:

1. Desigualdad en la Región. América Latina y el Caribe (ALC) se caracteriza por sus profundas desigualdades sociales y económicas. (UNESCO GEM Report, 2022:6). Esta desigualdad subraya la necesidad de una mejora y transformación sistemática, que garantice la equidad en el acceso a una educación de calidad.

2. Sostenibilidad del Financiamiento. Según los últimos datos del Banco Mundial, la ratio de dependencia total en América Latina y el Caribe es aproximadamente del 54.3% en 2022. Esto significa que por cada 100 personas en edad de trabajar (15-64 años), hay aproximadamente 54 personas dependientes (World Bank Open Data). Por otro lado, según el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022, la tasa de pobreza en América Latina y el Caribe es del 32.3% (CEPAL, 2022:7) y al menos en 5 países de la región, más de la mitad de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza (CEPAL, 2022). Ello evidencia la falta de sostenibilidad en términos de desarrollo.

3. Capacidad real de cobertura de la educación superior en ALC. La proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) con estudios universitarios completos en nuestra región es inferior al promedio de los países de la OCDE (37%). En ALC “el 17% de la población joven y adulta (PEA) tiene estudios superiores finalizados. En lo relativo a las oportunidades de la población joven, se destaca la situación problemática del 16,4% de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan.” (UNESCO GEM Report, 2022:12).

4. Matrícula Universitaria. La matrícula universitaria en América Latina y el Caribe aumentó significativamente, de 5.070.731 estudiantes en 1995 a 32.961.659 en 2020. La mayoría de estos estudiantes asisten a instituciones del sector privado, que representa el 55% del total, mostrando un cambio en la dinámica de la educación superior (Red INDICES, OEI, 2023) (Open Knowledge Repository) (UNESCO Documents). Asimismo, UNESCO resalta que “la mejora del acceso a partir del seguimiento del indicador ODS 4.3.2 referido a la tasa bruta de matrícula, que pasó del 49% al 54,1% entre 2015 y 2020. Esta mejora es parte de un ciclo más largo que logró en veinte años incorporar a cerca de 17 millones de estudiantes en la educación superior en la región (UNESCO GEM Report, 2022; 11). Sin embargo, ha aumentado la brecha de acceso en función del nivel socioeconómico al interior de cada país, manteniéndose expansiva en los sectores medios y altos, y urbanos de la sociedad. Asimismo, a pesar del aumento en la matrícula, persisten déficits significativos en cuanto a la permanencia y la graduación. Solo el 44% de los jóvenes y adultos logran completar la educación secundaria y el 17% finaliza estudios superiores, lo que indica la necesidad de estrategias más efectivas para asegurar no solo el acceso, sino también la continuidad y culminación exitosa de los estudios (UNESCO GEM Report, 2022:19). La medida de éxito de las instituciones superiores no debería ser tanto el ingreso, sino el egreso y mejor aún, la integración de estos ciudadanos a una vida profesional productiva para él y para la sociedad.

Contexto legal

La naturaleza jurídica de las universidades y su rol en la educación como bien público

Es crucial discutir si la naturaleza jurídica de las instituciones universitarias determina su capacidad para tratar a la educación como un bien público. Tanto las universidades estatales como las privadas pueden contribuir en el acceso universal a la educación superior, un bien intangible y público. La participación del sector privado responde a varias razones:

a) Incrementar la cobertura y diversificar la oferta, teniendo mucho para ofrecer en términos de innovación y adaptabilidad.
b) Propiciar la conformación de sistemas duales (público/privados).
c) Ocupar los espacios que el Estado no atiende por falta de capacidad o interés (González-Ledesma, 2021;86).

La naturaleza jurídica de las universidades puede ser estatal o privada, y dentro de las privadas, puede ser sin fines de lucro o lucrativa. Las universidades estatales están sujetas a un régimen jurídico propio que les confiere un carácter público, lo cual implica financiamiento estatal, gobernanza basada en la normativa pública y contratación de personal a través de procedimientos oficiales. Por otro lado, las universidades privadas, sean lucrativas o no, suelen tener mayor flexibilidad en su gestión, capacidad de innovación y adaptación a las demandas del mercado, aunque también enfrentan retos en términos de sostenibilidad financiera y rendición de cuentas.

De la naturaleza jurídica de una universidad dependerá, en líneas generales, la aplicación de un régimen jurídico específico que determinará su forma de creación, el sistema de gobernanza, los regímenes de contratación del personal docente y de apoyo a la docencia, los medios de financiación, entre otros aspectos.

Sin embargo, es esencial reconocer que, a pesar de las diferencias en sus naturalezas jurídicas, tanto las universidades estatales como las privadas comparten el compromiso de ofrecer educación superior de calidad. Este compromiso incluye contribuir al desarrollo científico y tecnológico, fomentar la investigación y proporcionar una educación que prepare a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo laboral y de la sociedad en general. El denominador común y excluyente es que todas las universidades, independientemente de su régimen jurídico, asumen la misma obligación de contribuir al bienestar de sus países y regiones.

En resumen, aunque la naturaleza jurídica de las universidades en América Latina y el Caribe varía, todas deben alinearse con el objetivo de tratar la educación como un bien público. Esto implica no solo asegurar el acceso y la equidad, sino también mantener altos estándares de calidad educativa y promover el desarrollo sostenible. Sin el aporte de la iniciativa privada sería imposible alcanzar el acceso universal a la educación superior y ofrecer una mayor diversidad de oferta.

Contexto de gestión
Gobernanza con sentido de empresa

Muchas universidades privadas suelen basar su gobernanza en modelos de gestión corporativa emprendedora (Clark, 2004), centrándose en la eficiencia, la calidad de la atención, mejores ratios profesor-estudiante y una oferta académica alineada con las necesidades del mercado laboral. Este enfoque promueve una mejor empleabilidad y requiere un alto nivel de rendición de cuentas. La competencia en el mercado educativo obliga a las universidades privadas a destacarse en estos aspectos para atraer y retener estudiantes, lo que a su vez contribuye a la mejora general del sistema educativo. 



Burton Clark, en sus estudios sobre universidades emprendedoras, destaca la importancia de una base diversificada de ingresos. Este enfoque no solo reduce la dependencia de subsidios fiscales, sino que también proporciona autonomía y recursos adicionales para financiar innovaciones y asumir riesgos (Clark, 1998). La visión de Clark sugiere que una gestión emprendedora en las universidades puede crear lazos con diversos stakeholders, generando un espacio propicio para el crecimiento y la mejora continua. En su obra «Creating Entrepreneurial Universities», Clark (1998) resalta cómo una base de ingresos diversificada no solo incrementa la autonomía institucional, sino que también favorece subsidios cruzados que estimulan áreas institucionales rezagadas. Este modelo es esencial para enfrentar los desafíos actuales de la educación superior, promoviendo una cultura emprendedora a lo largo de toda la gestión universitaria.



La auto-responsabilidad financiera de las instituciones de educación superior es otra variable a tener en cuenta en su imprescindible rol en el desarrollo regional. Como ejemplo, vale señalar la aplicación del Plan Bolonia en el Espacio Europeo de Educación Superior desde inicios de la década de 2000. La auto-responsabilidad financiera promovida desde Bolonia alentó a las universidades públicas a generar sus propios recursos y a ser proactivas en la búsqueda de fondos. Esta política ha fomentado la creación de spin-offs, startups y redes internacionales de investigación. Aunque las universidades en América Latina han comenzado a entender este desafío, aún están lejos de alcanzar el mismo nivel de creación de valor y exigencias hacia sus gestores y grupos de investigación (Brunner, 2011). Este contraste destaca la urgencia de que las universidades latinoamericanas adopten modelos de gobernanza más alineados con ”las dinámicas del capitalismo académico, donde la gestión eficiente y la generación de recursos son fundamentales para su sostenibilidad y crecimiento”. (Brunner et al., 2021). 



La visión de gobernanza de Brunner (2011) para América Latina sugiere que los gobiernos están comenzando a abandonar el esquema de financiación benevolente basado en aportes no condicionados al desempeño, y están adoptando mecanismos de tipo mercado para la asignación condicionada de recursos del tesoro público. Este cambio es esencial para fomentar una mayor auto-responsabilidad financiera y la creación de valor en las universidades de la región. El proceso de transición se ve reflejado en las reformas de los sistemas de educación superior, donde se prioriza la eficiencia y la competencia, siguiendo modelos que combinan elementos públicos con lógicas de mercado (Brunner et al., 2021, p. 7).



La transición hacia modelos que combinan elementos públicos y lógicas de mercado también requiere estructuras organizativas innovadoras. La idea de una «organización que aprende», como proponen Nonaka y Takeuchi (1999), se basa en la combinación de una jerarquía burocrática con una fuerza estratégica o laboratorios (labs). Esta estructura dual permite a las universidades innovar continuamente y adaptarse a los cambios del entorno. La jerarquía gestiona las operaciones diarias, mientras que los labs, con equipos interdisciplinarios, se enfocan en desafíos específicos utilizando metodologías ágiles. Esta combinación de estabilidad y flexibilidad es esencial para enfrentar los desafíos actuales de la educación superior.

John P. Kotter (2014) también destaca la importancia de un sistema operativo dual en las organizaciones, combinando jerarquía con redes. Esta estructura permite una mayor convergencia de personas y áreas diversas, fomentando metas ambiciosas y acción desde la cabeza y el corazón. Para las universidades, este modelo es crucial para impulsar la innovación y enfrentar los desafíos de la modernización educativa.
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Conclusión

Lograr una gobernanza orientada a la relevancia y la excelencia representa un desafío inmenso para la colaboración público-privada

Las universidades en América Latina y el Caribe enfrentan grandes desafíos, como la expansión de la matrícula universitaria y la reducción de la brecha de habilidades entre la oferta educativa y las demandas del mercado laboral. La proliferación de nuevos proveedores de educación superior, los cambios impulsados por la cuarta revolución industrial y el impacto de la inteligencia artificial (IA) están disminuyendo el valor intrínseco de los títulos académicos, afectando tanto su prestigio como las oportunidades laborales de los graduados.

Además, en ciertos casos, la gobernanza colegiada y la politización de la vida universitaria han creado una inercia estructural que dificulta la innovación.

La falta de financiamiento público adecuado y continuo es otro obstáculo significativo, exacerbado por la inestabilidad política y las políticas adversas hacia la misión científica de las universidades. Esto se agrava con la escasa vinculación internacional, lo que limita la capacidad de competir globalmente y de atraer talentos extranjeros.

La sostenibilidad financiera de las universidades públicas es un desafío crítico. La dependencia de subsidios fiscales no es suficiente para cubrir las necesidades operativas y de desarrollo. La falta de recursos limita la capacidad para invertir en infraestructura, tecnología y programas académicos innovadores, necesarios para mantener la calidad educativa y la competitividad. Además, la capacidad real de cobertura de la educación superior en la región es baja en comparación con los países de la OCDE, lo que resalta la necesidad de modelos alternativos de financiamiento y gestión.

Asimismo, la transformación digital es una necesidad imperiosa en contextos cada vez más dinámicos, complejos, inestables y altamente demandantes. La velocidad con que evolucionan los avances tecnológicos requiere una adaptación rápida y eficiente por parte de las universidades. La implementación de nuevas tecnologías, la digitalización de procesos académicos y administrativos, y la capacitación del personal docente en herramientas digitales son fundamentales para mantener la relevancia y competitividad en la educación superior.

Es necesario diseñar modelos alternativos que unifiquen competencias para la vida y la ciudadanía con la integración laboral exitosa. La adopción de estructuras duales, combinando jerarquía burocrática con laboratorios de innovación, podría ser una solución efectiva para enfrentar estos desafíos. Además, se debe promover una visión audaz de excelencia y fomentar una cultura de innovación que desafíe el statu quo y transforme las prácticas institucionales conservadoras.

La colaboración entre el sector público y privado es esencial para mejorar la calidad y pertinencia de la educación. Un enfoque emprendedor y diversificado en las fuentes de ingresos puede proporcionar la autonomía y los recursos adicionales necesarios para financiar innovaciones y asumir riesgos, contribuyendo a la sostenibilidad y crecimiento de las universidades en América Latina.

La naturaleza jurídica de las instituciones universitarias, definidas en los marcos regulatorios estatales, no es el factor determinante para tratar la educación como un bien público. En América Latina y el Caribe, las garantías constitucionales de enseñar y aprender aseguran el derecho a la educación, estableciendo un marco que protege y promueve la accesibilidad y calidad educativa para todos los ciudadanos. Estas garantías refuerzan la idea de que la educación es un bien intangible que requiere pluralidad y compromiso.

Tanto las universidades públicas como privadas tienen roles cruciales que desempeñar en la mejora de la educación superior. El sector privado, en particular, puede ofrecer innovación y adaptabilidad, elementos esenciales para enfrentar los desafíos actuales. Es fundamental que el debate se centre en la calidad, la pertinencia de la educación y su rendición de cuentas ante la sociedad, independientemente de la naturaleza jurídica de las instituciones que la proporcionan. La colaboración entre los sectores público y privado será clave para lograr una educación superior inclusiva y de calidad en América Latina y el Caribe. Descargar versión en pdf

A falsa antinomia público-privado na educação superior / Versão portuguesa

Referencias

Este documento de marzo de 2024 de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe refrenda que la educación superior es un derecho humano universal y un bien público social que debe ser garantizado plenamente por los Estados conforme lo suscrito y aprobado en las Declaraciones de la Conferencia Mundial de la UNESCO de 1998 entre otras.

Asimismo, coincide que este principio debe ser la piedra angular que guíe la organización integral del sistema educativo.

Clark, B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation. IAU Press – Pergamon. Oxford.

Este libro describe los procesos de transformación que tuvieron lugar durante un período de quince años en cinco universidades europeas. Se destacan cinco características comunes identificadas como «vías organizativas de transformación». Estas vías consisten en: un núcleo directivo reforzado; una periferia de desarrollo extendida; una base de financiación diversificada; un corazón académico estimulado; y una cultura emprendedora.

Este diagnóstico de la educación superior en Iberoamérica realizado por Semesp para REALCUP recoge datos sobre la educación superior de Argentina, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Nicaragua, y permite una primera aproximación a la realidad del contexto que permita avanzar a futuro en su análisis.

Brunner, J. J. (2011). Gobernanza y gestión universitaria en América Latina: perspectivas, diagnósticos y propuestas. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 2(5), 49-73.

Según la visión de gobernanza de Brunner (2011) para América Latina, «los gobiernos abandonan parcialmente el esquema de financiación benevolente de las instituciones públicas, basado en aportes no condicionados al desempeño y resultados, y comienzan a usar una serie de instrumentos y mecanismos de tipo mercado para la asignación condicionada de recursos del tesoro público.»

Documento abierto: la iniciativa privada como oportunidad para expandir la educación superior en América Latina y el Caribe. Contribución de REALCUP a la 3.ª Conferencia Mundial de Educación Superior organizada por la UNESCO | 2022

Pardo Kuklinski, Hugo. (2023). Los futuros inevitables de la universidad. Ideas para gestores hacia la consolidación híbrida. UPB Virtual – UFV  | 2023

Según el autor «algunas universidades quedarán obsoletas si no se adaptan a las fuerzas tecnológicas inevitables que hacen innovar a nuestras sociedades. Para evolucionar hacia una universidad híbrida expandida, se precisa de una gobernanza abierta, con gestión emprendedora y sentido de empresa.»

Brunner, J. J., Labraña, J. C., Miranda, D., González, J., & Villalobos, C. (2021). Capitalismo académico en América Latina: Reformas y desafíos en la educación superior. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.

Brunner, J. J. (2011). Gobernanza y gestión universitaria en América Latina: perspectivas, diagnósticos y propuestas. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 2(5), 49-73.

Clark, B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation. IAU Press – Pergamon. Oxford.

Clark, B. R. (2004). Sustaining Change in Universities: Continuities in Case Studies and Concepts. The Open University Press-McGraw-Hill. Maidenhead, Berkshire, UK.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022: la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible. Naciones Unidas. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48518

González-Ledesma, F. (2021). Expediente Barcelona. La Factoría de Ideas.

IESALC. (2024). Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES + 5). UNESCO-IESALC. Disponible en https://cres2018mas5.org/2024/03/15/declaracion-cres5-15-de-marzo/

Kotter, J. P. (2014). Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-Moving World. Harvard Business Review Press.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1999). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press.

OCDE, Education at a Glance 2021: OECD Indicators.
[Enlace](http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/)



Pardo Kuklinski, Hugo. (2023). Los futuros inevitables de la universidad. Ideas para gestores hacia la consolidación híbrida. Escuela de Educación. Medellín. UPB Virtual. https://futurosdelauniversidad.net/

UNESCO. (2022). Más allá de los límites. Nuevas formas de reinventar la educación superior. Documento de trabajo para la Conferencia Mundial de Educación Superior. 18-20 de mayo de 2022. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519

UNESCO Global Education Monitoring Report 2022.
[Enlace](https://www.unesco.org/gem-report/en/2022-gender-report)

UNESCO Global Education Monitoring Report 2020.
[Enlace](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374790)

UNESCO GEM Report: Global Education Monitoring Report, América Latina y el Caribe. [Enlace](https://gem-report-2019.unesco.org/)

World Bank, Higher Education in Latin America and the Caribbean.
[Enlace](https://www.bancomundial.org/es/region/lac)

monográfico junio 2024

Por Hugo Pardo Kuklinski  • Outliers School  / Para nuestro monográfico especial del mes de junio hemos elegido un tema que está constantemente en el debate académico y de gestión de nuestras universidades: los usos de la inteligencia artificial en la educación superior. La intención de este texto es repasar algunas ideas y compartir lecturas multimediales novedosas que consideramos imprescindibles.

La IA generativa y predictiva llega para obligar a las universidades a repensarse (una vez más) y tomar nuevas decisiones de diseño. Bienvenido este paradigma de producción y distribución de conocimiento. Sabemos que cuando a los sistemas complejos se los priva de estresores se vuelven débiles, como define la antifragilidad de Taleb (2012).

Esta problemática afectará en muy pocos años a nuestro día a día como gestores o profesores universitarios. Por esto, no es suficiente proponer y armar debates sobre el futuro de la educación con los usos de la IA. Más allá de cualquier conversación, ¿qué está haciendo usted lector ahora mismo para adaptarse?

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